Una iniciativa legislativa impulsada en el Concejo Municipal de Rosario apunta a endurecer los controles y las sanciones contra la circulación de motovehículos que generan ruidos excedidos. El proyecto, presentado por el concejal Federico Lifschitz, establece que las motos remitidas al corralón por tener escapes libres, modificados o no homologados podrán ser enviadas a compactación si sus propietarios no las retiran en un plazo de 15 días corridos.
Sanciones económicas y destrucción de vehículos
La propuesta busca modificar el Código de Convivencia Ciudadana para elevar drásticamente las multas. Con el nuevo esquema, las infracciones por ruidos molestos o sistemas de escape adulterados podrían oscilar entre los 2,1 y los 3,1 millones de pesos, tomando como referencia el valor actual de la Unidad Fija. El objetivo es otorgar una herramienta más punitiva ante conductas que, según el autor del proyecto, generan una fuerte percepción de impunidad en la vía pública.
Para avanzar con la compactación, el municipio deberá cumplir con un proceso administrativo que incluye la notificación fehaciente al titular registral y la publicación de edictos. Si tras un plazo adicional de cinco días el vehículo no es reclamado ni se acredita el cumplimiento de las normativas vigentes, será declarado en estado de abandono y pasará al proceso de descontaminación y destrucción para su posterior venta como chatarra.
Situación de los corralones municipales
Además de la cuestión ambiental y sonora, el proyecto atiende a la saturación de los depósitos municipales. La acumulación de rodados durante periodos prolongados genera costos logísticos y compromete la capacidad operativa de los espacios de guarda. La norma también prevé que las motos que ya se encuentran en los depósitos por estas mismas causas puedan ser integradas al sistema de disposición final, siempre respetando las garantías legales de los propietarios.