El Poder Ejecutivo nacional avanza en una estrategia para endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas bajo órbita británica. Tras los anuncios iniciales enfocados en el sector petrolero, la gestión de Javier Milei puso la lupa sobre la industria pesquera, advirtiendo con aplicar castigos a las compañías que operan sin el aval de la Argentina.
Herramientas legales y falta de aplicación
Pese a la intención del actual Gobierno de enviar un nuevo régimen sancionatorio al Congreso, especialistas en la materia recordaron que las herramientas jurídicas ya se encuentran disponibles en la Ley Federal de Pesca sancionada en 2008. El foco del conflicto reside en el artículo 27 bis de dicha norma, que prohíbe el acceso a permisos y cuotas de pesca argentinos a aquellas empresas que tengan vínculos con buques que operen en el archipiélago en disputa.
Desde el sector pesquero advirtieron sobre el posible “efecto bumerán” de estas medidas. Debido a la globalización de la industria, muchas empresas argentinas poseen estructuras societarias compartidas con grupos extranjeros, principalmente de origen español y asiático. La aplicación estricta de las sanciones podría derivar en la pérdida de cuotas de captura para compañías nacionales que mantienen lazos indirectos con operadores en las islas, afectando un activo central de la economía marítima del país.