La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso decisivo al desestimar la demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, lo que en la práctica restablece la plena vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023. Esta medida implica la derogación definitiva de la Ley de Tierras, eliminando el tope del 15% de superficie nacional en manos extranjeras y las restricciones de compra en zonas de seguridad de fronteras o cerca de cuerpos de agua, una decisión que el Gobierno nacional no había logrado consolidar previamente en el Congreso.
Preocupación y movilización en Rosario
Desde Rosario, el presidente del Centro de Excombatientes local, Claudino Chamorro, manifestó su profundo malestar con la resolución judicial, calificándola como una amenaza directa a la soberanía nacional. El dirigente remarcó que defender el territorio es una tarea que continúa más allá del conflicto bélico de 1982 y cuestionó la falta de reciprocidad, señalando que los ciudadanos argentinos no pueden adquirir tierras estratégicas o fronterizas en otros países de la misma manera que se está habilitando actualmente en el territorio nacional.
Ante este nuevo escenario, diversas organizaciones sociales y políticas ya planean concentraciones frente a los Tribunales y el Congreso Nacional para mediados de octubre. El objetivo de la oposición es intentar invalidar el decreto de necesidad y urgencia en la Cámara de Diputados, buscando frenar una política de desregulación que, según denuncian los sectores críticos, deja los recursos naturales del país y el control del suelo a merced de intereses internacionales sin ningún tipo de fiscalización estatal.