En un giro significativo para las finanzas nacionales, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó oficialmente sin efecto la sentencia que obligaba a la República Argentina a pagar una suma millonaria por la estatización de la petrolera YPF en 2012. La resolución marca el cierre de la etapa de primera instancia en los tribunales estadounidenses, luego de que un tribunal superior revocara la condena que ascendía a los 16.100 millones de dólares más intereses.
El futuro del litigio en la Corte Suprema
La decisión de la magistrada acata lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, la cual determinó que existió una interpretación errónea de la legislación argentina durante el proceso previo. Según el tribunal de alzada, el estatuto de la compañía no funciona como un contrato que habilite reclamos de terceros ante una expropiación soberana, lo que desestima el fundamento principal del fondo Burford Capital, principal impulsor de la demanda.
A partir de ahora, la resolución definitiva queda en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ante la cual los demandantes ya presentaron un recurso de revisión. Aunque el máximo tribunal norteamericano no tiene obligación de tomar el caso, su intervención representa la última instancia posible para un conflicto legal que se remonta a la gestión presidencial de Cristina Kirchner. En paralelo, los representantes de los exaccionistas mantienen abierto un reclamo arbitral ante el Ciadi por el mismo concepto.