Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que tiene sus raíces profundas en la historia reciente de América Latina. Lo que comenzó como un grito de denuncia de familiares de víctimas durante las dictaduras cívico-militares de la región, terminó convirtiéndose en un estándar de derechos humanos reconocido a nivel global por la Organización de las Naciones Unidas a partir de 2010.
Un origen marcado por la resistencia regional
La iniciativa tuvo su punto de partida en 1981, durante el primer congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). En un contexto donde el Cono Sur sufría la coordinación represiva del Plan Cóndor, las organizaciones de derechos humanos establecieron esta jornada para romper el silencio y la invisibilidad que los gobiernos de facto imponían sobre el paradero de miles de ciudadanos.
A medio siglo del inicio de aquella red transnacional de persecución, la desaparición forzada es entendida por el derecho internacional como un delito continuo. Esto implica que el crimen persiste mientras no se recupere la identidad de la víctima o no se esclarezca fehacientemente su destino final. En la Argentina, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa siendo un pilar fundamental y un referente mundial en la tarea científica de identificar restos y devolver respuestas a las familias que aún buscan justicia.