Una reciente decisión administrativa del gobernador Maximiliano Pullaro desató un intenso debate político en la provincia de Santa Fe. A través de un decreto, se autorizó la transferencia de 57 mil millones de pesos correspondientes al Iapos —la obra social que brinda cobertura a los empleados públicos santafesinos— hacia partidas de libre disponibilidad de la administración central, lo que generó inmediatas reacciones en el arco opositor.
El reclamo de los legisladores
Desde el bloque del Partido Justicialista, el diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes exigiendo precisiones sobre el destino de estos recursos. El legislador advirtió que la medida afecta directamente al Servicio Complementario, financiado con aportes voluntarios de los trabajadores, y denunció que el dinero se estaría utilizando para cubrir gastos corrientes sin garantías de devolución. En la misma línea, el diputado nacional Germán Martínez cuestionó la decisión al compararla con la pérdida de calidad en las prestaciones médicas actuales.
La postura del Ejecutivo provincial
Ante las críticas, voceros de la Casa Gris desmintieron que los fondos hayan sido derivados al Tesoro provincial. Según la explicación oficial, se trata de una readecuación técnica interna dentro de la propia estructura del Iapos para dinamizar el pago a prestadores médicos. Además, señalaron que este procedimiento es una herramienta de gestión habitual que ya fue implementada en mandatos anteriores para optimizar el uso de los recursos presupuestarios del sector salud.