El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil a través del Decreto 875/2026. La normativa, que ya se encuentra operativa, alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años y plantea un cambio profundo en la administración de justicia para menores, haciendo hincapié en la resocialización y la integración social como objetivos centrales del proceso penal.
Escala de sanciones y medidas alternativas
El nuevo sistema establece una variedad de respuestas que no se limitan al encierro. Entre las penas previstas se encuentran la amonestación, la prohibición de acercamiento a las víctimas, tareas de interés comunitario y el monitoreo electrónico. La ley prohíbe expresamente la reclusión perpetua para menores de edad, fijando un límite máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves, los cuales deberán cumplirse en centros especializados bajo tres modalidades: libertad vigilada, internación en centros de régimen abierto o cerrado.
Supervisores y el contexto en Rosario
Un punto clave de la reglamentación es la creación de un registro de supervisores profesionales que controlarán el cumplimiento de las medidas. En Santa Fe, la entrada en vigencia coincide con los cambios implementados recientemente en el Código Procesal Penal Juvenil provincial. Al respecto, el fiscal rosarino Luis Schiappa Pietra advirtió que, si bien la ley es una herramienta necesaria, debe entenderse dentro de un contexto complejo donde la presencia de menores en organizaciones criminales de la región ha dejado de ser un fenómeno excepcional.