Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y docente de la UNR, expresó su profunda preocupación ante el avance legislativo de la ley que habilita los denominados “desalojos exprés”. El dirigente calificó la iniciativa como una medida inhumana que pone a miles de hogares al borde de la calle, al priorizar el negocio inmobiliario por sobre el derecho constitucional a la vivienda.
Vulnerabilidad y falta de defensa
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, busca encuadrar todos los procesos de desalojo bajo la figura del “juicio sumarísimo”. Según explicó Artola, esto acorta drásticamente los plazos para contestar demandas, presentar pruebas o apelar, dejando al inquilino en un estado de indefensión casi total ante el propietario y el mercado.
Desde la organización señalaron que esta ley llega en un momento crítico, donde el 73% de los hogares que alquilan se encuentran endeudados y la morosidad en el pago de expensas alcanza el 20%. La nueva normativa permitiría iniciar procesos judiciales incluso por atrasos de apenas unos días, eliminando el requisito previo de dos meses consecutivos de falta de pago que rige actualmente.
El impacto de la desregulación
Para los referentes del sector, esta ley complementa la desregulación total iniciada con el Decreto 70/2023, que ya había precarizado los contratos y liberado los precios. Advierten que si el inquilino no cuenta con copias de contratos o recibos formales —una situación común en el mercado informal— podría ser desalojado en apenas 72 horas bajo la figura de “intruso”.