La investigación por el brutal asesinato de Natalia Giménez, ocurrido a finales de septiembre en un complejo de viviendas de barrio Tablada, sumó revelaciones estremecedores tras la audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La Fiscalía detalló un esquema de préstamos usurarios que se regenteaba desde el interior de una unidad penitenciaria como el trasfondo principal del femicidio cometido con ensañamiento y alevosía.
Préstamos informales y violencia extrema
El juez Federico Rebola dictó la prisión preventiva para tres personas implicadas en el caso. Paulo Alejandro Álvarez fue señalado como el autor material del crimen, tras ser captado por cámaras de seguridad ingresando al domicilio de la víctima en Grandoli al 3800. Según la acusación, el agresor sometió a la mujer a sesiones de tortura y múltiples heridas cortantes que le provocaron un sufrimiento prolongado antes de su fallecimiento.
Paralelamente, la Justicia imputó por usura agravada a Germán Ángel “Pelado” Carrizo, un recluso que operaba el negocio financiero desde la ex Alcaidía de Rosario, y a Stela Maris Palacio, encargada de las cobranzas en el exterior. Durante los allanamientos, se secuestró un cuaderno con más de 50 registros de deudores, entre los que figuraba el nombre de la víctima con una deuda que duplicaba el capital originalmente prestado.
Las pericias determinaron que Giménez había recibido constantes reclamos de pago en los días previos a su muerte. Los investigadores lograron reconstruir el recorrido del ejecutor gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia que lo ubicaron en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez, donde fue finalmente detenido el pasado 10 de octubre.