En un escenario legislativo de extrema paridad, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su armado político han emergido como actores determinantes para la estabilidad de la administración central. La reciente disputa en el Congreso nacional por la validez del DNU 70/23 puso de manifiesto que el bloque de Provincias Unidas se ha convertido en el seguro de vida parlamentario para un Poder Ejecutivo que carece de mayorías propias y depende de la pericia negociadora de los gobernadores.
Equilibrio político y cálculo electoral
La postura adoptada por el oficialismo santafesino responde a una lógica dual: si bien mantienen diferencias con la Casa Rosada, la orden es evitar cualquier confluencia con el kirchnerismo que pueda interpretarse como un intento de desestabilización. Este posicionamiento es clave no solo para el rumbo económico del país, sino también para retener a un electorado provincial que, en su gran mayoría, rechaza un retorno al pasado político y productivo de gestiones anteriores.
El acoso de la oposición obligó al Gobierno nacional a realizar concesiones específicas para garantizar el apoyo de los bloques dialoguistas, evidenciando una vulnerabilidad que Pullaro y sus pares saben capitalizar. En este contexto, la gestión santafesina prioriza la defensa de los intereses locales y la búsqueda de soluciones a temas sensibles, logrando que el Ejecutivo nacional deba ceder en puntos clave para evitar derrotas legislativas que comprometan su arquitectura normativa fundamental.