El Poder Ejecutivo nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una estrategia para acelerar la transferencia de la red vial al sector privado. El plan contempla la quita de diversos gravámenes nacionales para las empresas que asuman las nuevas concesiones de rutas, con el objetivo de abaratar los costos de inversión y mantenimiento en un contexto de fuerte reducción de la obra pública directa.
Incentivos fiscales y exigencias a los gobernadores
La propuesta, que ya había sido esbozada por el ministro de Economía Luis Caputo, establece que las futuras licitaciones podrán evitar el pago del impuesto al cheque y computar créditos fiscales en el Impuesto a las Ganancias, el IVA y las contribuciones patronales. No obstante, el acceso a estos beneficios está sujeto a una condición ineludible: las provincias deberán adoptar exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos.
Este esquema busca consolidar un modelo donde el capital privado tome el control de unos 12.000 kilómetros de rutas nacionales adicionales a los ya licitados. Según los lineamientos oficiales, esta transferencia de responsabilidades es necesaria para garantizar la transitabilidad en corredores estratégicos vinculados a la producción agropecuaria, la minería y la energía, ante la caída del gasto de capital que el Estado nacional proyecta mantener en niveles históricamente bajos para los próximos años.