La reciente sucesión de casos de filicidio en Santa Fe y otras provincias argentinas reabrió el debate sobre la vulnerabilidad de las infancias y la capacidad de respuesta estatal. Pese a la gravedad del fenómeno, Argentina no cuenta actualmente con un registro nacional específico que permita dimensionar estos crímenes en tiempo real para establecer patrones de conducta y políticas preventivas eficaces.
Alarmas que no se activan
Desde la Asociación Civil Morelli advierten que, si bien existen sensores en la comunidad como denuncias de vecinos o intervenciones escolares, la cadena de protección suele fallar en la evaluación integral del riesgo. Casos recientes en localidades como General Lagos y San Justo exponen la complejidad de un sistema donde los menores, en ocasiones, regresan a entornos violentos tras breves monitoreos institucionales que no logran profundizar en la problemática de fondo.
Recursos y coordinación judicial
La falta de presupuesto y personal suficiente en los organismos de niñez aparece como uno de los principales obstáculos para realizar un seguimiento efectivo de los casos detectados. Según los especialistas, es imperioso fortalecer la coordinación entre la Justicia, los servicios locales de protección y los equipos técnicos para garantizar intervenciones que prioricen la seguridad física de los niños por sobre la resolución de conflictos parentales.