La investigación por la millonaria estafa en la carga de combustibles de los patrulleros de Rosario entró en una etapa decisiva. El fiscal José Luis Caterina, perteneciente a la unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional, presentó un requerimiento acusatorio de más de 300 páginas donde detalla las sanciones económicas y penas de cárcel solicitadas para los 21 involucrados en la causa.
Maniobras con cargas fantasma y sobrefacturación
Según la teoría del caso, los implicados operaban mediante dos modalidades: la sobrefacturación de las cargas reales y la creación de tickets por cargas “fantasmas” de vehículos que nunca pasaban por el surtidor. Para el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión y una multa que asciende a los 241 millones de pesos. Por su parte, la dueña de la estación de servicio involucrada enfrenta un pedido de multa de 356 millones de pesos, evidenciando la magnitud del perjuicio económico contra el Estado provincial.