El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre el avance del litigio por la estatización de YPF, que ahora llega al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El mandatario advirtió que este tipo de tribunales suelen mostrar una tendencia favorable hacia el sector privado en detrimento de los Estados nacionales.
Soberanía y críticas al RIGI
Kicillof vinculó la situación judicial de la petrolera con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) promovido por la gestión de Javier Milei. Según el gobernador, la cesión de jurisdicción ante tribunales extranjeros contemplada en el régimen deja a la Argentina en una posición de vulnerabilidad frente a futuros reclamos internacionales, similar a los procesos que el país debió afrontar tras el default y las privatizaciones de décadas pasadas.
La controversia surge luego de que el fondo Burford Capital, que financia la demanda contra el Estado argentino, decidiera recurrir al CIADI tras un fallo de segunda instancia en Estados Unidos que había eximido al país de pagar 16.100 millones de dólares. El gobernador recordó que incluso en fueros norteamericanos se logró revertir una situación que consideró injusta, pero alertó sobre el riesgo de seguir sometiendo decisiones soberanas a fueros externos.
Polémica por la representación legal
La llegada del caso al CIADI también destapó una polémica vinculada a los abogados intervinientes. Se conoció que uno de los estudios que patrocina la demanda contra el país cuenta con un socio que fue designado por el actual Gobierno nacional como árbitro ante el mismo tribunal, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses en la defensa de los activos públicos.